Hernán Rivas presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el organismo que decide si un juez o un fiscal paraguayo se queda en su cargo. Antes fue diputado y senador. En septiembre de 2026, un tribunal lo condenó a ocho años de prisión: nunca cursó la carrera de Derecho que supuestamente lo habilitaba para ocupar cualquiera de esos puestos.
La jueza que presidió el tribunal usó una expresión que resume el caso mejor que cualquier titular: lo llamó un alumno fantasma. Un hombre con un certificado de estudios y un título, pero sin un solo compañero, un solo profesor o un solo trámite administrativo que recuerde haberlo visto en una clase.
El caso Rivas no es un incidente aislado ni una curiosidad judicial. Es la cara más visible de un problema que la Contraloría, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) vienen documentando con números que, revisados en conjunto, describen un patrón: un sistema de verificación de credenciales que, en los hechos, casi no funciona.
El hombre que juzgaba sin haber estudiado derecho
El Tribunal de Sentencia, integrado por tres jueces, condenó a Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Los magistrados comprobaron que no existía ningún rastro de que hubiera cursado Derecho en la universidad que figuraba en su título: ni en archivos académicos, ni administrativos, ni contables.
Antes de esa condena, Rivas ya había ejercido como abogado y legislador. Durante un tiempo fue, además, representante del Congreso ante el JEM, el órgano encargado de juzgar precisamente a jueces y fiscales. Llegó incluso a presidirlo.
El escándalo no nació en 2026. En diciembre de 2023, cuando las primeras denuncias sobre su título empezaron a circular, el entonces candidato presidencial Santiago Peña fue consultado al respecto. Dijo que no sentía vergüenza, "ni un poco". Pasarían casi tres años hasta la condena firme, tiempo durante el cual Rivas conservó buena parte de su carrera política.
Un sistema, no un llanero solitario
Un legislador opositor, de apellido Martínez, calificó lo ocurrido como una catástrofe y habló de una debilidad institucional de la democracia. No fue, dijo, un llanero solitario actuando por su cuenta.
Los números respaldan esa lectura. La Contraloría General de la República revisó 34.068 registros de títulos de funcionarios públicos y detectó inconsistencias en 1.090 títulos correspondientes a 1.082 personas, distribuidas en 35 instituciones del Estado. El organismo habló de una realidad mucho más perversa que la que mostraban las primeras cifras.
Más de 800 de esos 1.082 casos están concentrados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la misma institución encargada de registrar y validar los títulos universitarios del país. No es un ministerio cualquiera: es el que debía evitar que esto pasara.
Otro expediente muestra cómo opera la maquinaria desde el otro extremo: la Universidad Sudamericana está bajo investigación por haber emitido cerca de 2.550 títulos en 20 carreras hoy bajo sospecha. Cuando quien fabrica el diploma es una institución con sello oficial, cada título firmado parece legítimo aunque no lo sea.
Legal en el papel, falso en el fondo
Hay una distinción que el propio Martínez planteó y que conviene tomar en serio, porque explica por qué este escándalo escapa al sentido común de "título falso". Son, en sus palabras, títulos totalmente legales en su forma, pero de contenido falso, porque quienes los recibieron no cumplieron los rigores académicos que supuestamente certifican.
Esa distinción encuentra respaldo en el propio sistema de acreditación. Según un informe de la ANEAES, de las 191 carreras de Derecho habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), solo 33 cuentan con acreditación vigente: un 17,3% del total. El resto puede emitir títulos con todas las firmas correctas sin que nadie externo haya verificado jamás la calidad de lo que enseña.
José Duarte Penayo, presidente de la ANEAES, fue más allá a fines de octubre de 2026: su institución detectó unos 100.000 títulos de carreras no acreditadas, emitidos en los últimos tres años, y anunció que remitirá el informe a la Fiscalía. Fue cuidadoso con el alcance de la cifra: aclaró que eso no significa que esas 100.000 carreras sean falsas, aunque también dijo estar seguro de que, dentro de ese universo, existe una inmensa cantidad de títulos falsos.
Un espejo que no es solo paraguayo
Nada de esto convierte a Paraguay en una excepción. En Colombia, la Fiscalía descubrió que una joven que aspiraba a ser viceministra de Juventudes había obtenido de forma fraudulenta dos títulos de una fundación universitaria privada. En septiembre de 2026 fue condenada a tres años de prisión, y el funcionario de esa institución que firmó los diplomas también terminó condenado.
El patrón se repite en ambos países: una persona sin formación real, una institución educativa dispuesta a certificar lo que nunca ocurrió, y un filtro estatal que debía cruzar esos datos antes de entregar el cargo, y no lo hizo a tiempo. La diferencia es que en Colombia el fraude se frenó antes de la asunción. En Paraguay, Rivas llegó a presidir el organismo que juzga a los jueces.
Lo que queda después de su condena no es una curiosidad judicial, sino una pregunta incómoda: ¿qué mecanismo, hoy, impediría que otra persona sin formación real llegue a ocupar un cargo similar, firme sentencias, contratos o dictámenes en nombre del Estado? Mientras esa respuesta no exista, cada título sin verificar sigue siendo, literalmente, un riesgo institucional abierto.
Fuentes
▸ Última Hora: "Hernán Rivas es condenado a 8 de cárcel por tener título falso: 'Un alumno fantasma'".
▸ El Nacional: Tribunal condenó a 8 años de cárcel a Hernán Rivas por falsificación de título de abogado.
▸ ABC Color: Cómo un cálculo aritmético destruyó la historia académica de Hernán Rivas.
▸ Extra: "En verdad, Hernán Rivas nos mintió y caímos casi todos".
▸ Infobae/EFE: Oposición paraguaya exige al Congreso disculpas públicas por exlegislador con título falso.
▸ Última Hora: Escándalo por títulos apócrifos en manos de funcionarios públicos.
▸ RDN: Contraloría detectó inconsistencias en 1.090 títulos de funcionarios de 35 instituciones.
▸ Telefuturo: Contraloría detecta 1.090 títulos universitarios irregulares en instituciones públicas.
▸ Última Hora: Opositora apunta a una maquinaria detrás de los títulos falsos y pide investigar 2.550 expedientes.
▸ ANEAES: Informe ejecutivo sobre la situación de las carreras de Derecho en Paraguay.
▸ ABC Color: ANEAES detectó 100.000 títulos de carreras no acreditadas y remitirá informe a la Fiscalía.
▸ El Nacional: Según ANEAES hay en la mira más de 100.000 títulos de universidades no acreditadas.
▸ El Tiempo (Colombia): Juliana Guerrero fue condenada a tres años de prisión por obtención de títulos falsos.
▸ Pulzo (Colombia): Juez de Bogotá condena a exsecretario de Fundación San José por emitir títulos falsos
